The Lincoln Lowyer

En esta película el personaje principal, un habilidoso abogado, se enfrenta a un difícil dilema: defiende a dos clientes que terminan ligándose en un mismo caso; y uno de ellos  se encuentra injustamente en prisión por la falta que cometió su otro cliente.

El abogado pone su voto de confianza sobre uno de sus clientes y acuerda en firme trabajar por su defensa. Sin embargo; cuando  estudia a fondo el caso se da cuenta de que cometió un error, y que por su culpa,  injustamente, una persona se encuentra en prisión. A pesar de que el abogado había firmado un acuerdo con su cliente donde prometía trabajar por su defensa, este puede ser disuelto por justificadas razones.  En primer lugar, porque él cliente sutilmente lo engañó, al hacerle creer que era inocente. En segundo lugar, si este contrato va en contra de la justicia y termina perjudicando a personas que son inocentes, lo correcto es disolverlo.

  Al romper su contrato, y tratar de corregir el error, el abogado se ve expuesto a chantajes y  amenazas, pero sin duda el peor castigo  lo genera la culpa y el remordimiento. Es preferible hacerle frente a las amenazas, pero no ir en contra de la moral y de la rectitud. De lo contrario el abogado perdería la esencia de su profesión: defender la justicia ya no sería su objetivo.

Pero esto no aplica solamente para los abogados; al contrario, para todas las personas y en todas las profesiones, hacer las cosas  a derecho, con justicia, y beneficiando al mayor número de personas, resulta gratificante. Pero si se opta por defender a unos pocos y satisfacer intereses malsanos y egoístas,   la culpa invade el corazón del ser humano, y tarde o temprano las consecuencias de los malos actos se hacen sentir.  

Ensayo: Zeitgeist II

Vicio Contractual entre el Estado y

 el ciudadano costarricense

El vicio contractual entre ciudadano y Estado consiste en que este ultimo deberá garantizar entre otras cosas;  el cumplimiento de  los derechos que le corresponde a cada una de las personas que integran la Nación, velar por el orden público,  procurar una correcta utilización de los fondos públicos, cerciorarse del buen funcionamiento de los entes estatales, invertir en gasto social,  garantizar el acceso de los ciudadanos  a los sistemas básicos  de salud y de educación, procurar el desarrollo integral y sostenible, y en general promover acciones dirigidas a satisfacer el interés público.

El ciudadano al aceptar esta forma de organización Estatal de orden democrático, debe cumplir con una serie de deberes, leyes, regulaciones y reglamentos con el fin de que su accionar sea legítimo y no atente contra los intereses de los demás. Con la delimitación de esos deberes y normativas el Estado trata de  asegurar el orden Público.

Este contrato se encuentra pactado, principalmente, en la Constitución Política, en la cual se establecen y delimitan las garantías, derechos  y deberes de los ciudadanos, así como las responsabilidades que le corresponde al Estado y los distintos entes públicos.

Ahora bien, para garantizar el cumplimiento de este contrato, el Estado debe generar los fondos necesarios que le permitan cumplir con cada una de sus obligaciones y al mismo tiempo  procurar el desarrollo integral de la Nación. En este punto, el dinero se vuelve protagonista y la producción de recursos es la preocupación de los dirigentes políticos.  Si los recursos propios no son suficientes y la economía nacional no crece, el Estado opta por el endeudamiento para asegurar su continuidad y  funcionamiento.

Costa Rica no es la excepción, y es uno más de los países que ha firmado cuantiosos préstamos  con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  Sin embargo; estas Instituciones Internacionales, lejos de ayudar se convierten en camisas de fuerza para los países que optan por su ayuda.

Los préstamos brindados vienen acompañados por una lista de acuerdos  y obligaciones que el país debe cumplir para convertirse en acreedor.

Estos organismos Internacionales, en sus acuerdos buscan conseguir que los países firmantes devalúen su moneda local, reduzcan el gasto público, privaticen entidades estatales, y promueva la apertura comercial.

Entonces cabe la pregunta; ¿El Estado recurre  a los préstamos para seguir cumpliendo con su misión, pero, hasta que punto estos préstamos son efectivos? A lo largo de la historia se ha demostrado el efecto contrario y contraproducente de dicha deuda, lejos de asegurar la continuidad del Estado garantizan la reducción de su campo de acción  y cada vez lo empobrecen más.

Ante esta realidad surge una nueva interrogante, ¿los dirigentes políticos que firman estos acuerdos lo hacen con la mejor y más noble intención o son comprados por intereses económicos?

La experiencia ha demostrado que el financiamiento con deuda es contraproducente, y que tiene el efecto de una bola de nieve, se hace cada vez más y más grande hasta que se vuelve imposible de manejar. Lo que parecía la solución a todos los problemas y el mecanismo de asegurar la continuidad del Estado se ha convertido hoy en su perdición. Y a pesar de esto, se sigue considerando la deuda para financiar presupuesto.

Sin duda, la corrupción es la respuesta. Los políticos fácilmente susceptibles, son comprados por intereses económicos. La coalición de líderes políticos con dirigentes de grandes corporaciones, tiene como objetivo para estos últimos, maximizar la ganancia y la riqueza sin importar la forma de conseguirlo.

Los políticos  y funcionarios públicos se prestan a este juego de intereses  económicos e interponen sus intereses personales y su ambición, a los intereses de la nación que representan. Sin importar las consecuencias para el país, firman acuerdos y hacen negociaciones que lejos de cumplir el contrato pactado con los ciudadanos lo quebrantan constantemente.

“No es saludable estar adaptado a una sociedad enferma”. Si realmente se tiene por objetivo la continuidad del Estado es necesario hacer un cambio ya, y poner en práctica nuevas formas de administración. Es necesario tratar de revertir el daño causado a la soberanía nacional, debemos reducir la deuda pública y buscar nuevas formas de financiamiento, adoptar políticas equilibradas y racionales que fortalezcan el accionar del Estado, utilizar eficientemente los recursos públicos, no encarecer el gasto social, procurar una mejor repartición de la riqueza, apostarle al fortalecimiento de las empresas estatales, reducir los gastos innecesarios y desmedidos; como por ejemplo los montos de salarios exorbitantes, los gastos en publicidad excesiva, y en general todas las partidas de gastos que no se justifican y que no tienen un fundamento válido, castigar la corrupción, dejar de firmar acuerdos que lejos de beneficiar al país lo perjudican.

Los ciudadanos piden eficiencia y cumplimiento de lo pactado. La obtención de  dinero no lo es todo, y menos si proviene de deudas. Si no lo sabemos utilizar correctamente pierde su valor. Como país, tenemos los recursos propios necesarios para financiar nuestro Estado pero debemos utilizarlos de manera inteligente, creativa y racional. 

Ensayo: La sociedad de los poetas muertos

Carpe diem, honestidad y contratación administrativa

en la Administración Pública

Encontrar una buena relación entre los términos carpe diem, honestidad y contratación administrativa, no es fácil; puesto que no se encuentra explícita. Sin embargo; si analizamos detalladamente el significado de cada uno de estos conceptos y los relacionamos con la aplicación real que se le da a cada uno de ellos en la actualidad, entonces, nos encontramos en la capacidad de relacionar lo que parecía no tener sentido. Los resultados obtenidos nos hacen reflexionar y meditar sobre nuestra realidad, sobre nuestra futura participación en el sector público y sobre la realidad de la sociedad en la cual nos encontramos inmersos.

¿Qué significado tiene carpe diem? A percepción personal, este término evoca un sin fin de expresiones dirigidas hacia un mismo sentimiento. Significa: aprovecha el día; en otras palabras, no malgastar el tiempo, ir contracorriente de manera inteligente; con valentía y precaución, luchar por lo que se quiere, no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy puesto que no sabemos si podremos disfrutar del mañana, vivir  cada momento con intensidad; como si fuese el último.

Sin duda; su significado nos hace reflexionar y cuestionar lo que hemos logrado en la vida, si lo que hacemos es lo que realmente sentimos o creemos porque es lo correcto, porque no quebranta los buenos valores y tradiciones, porque nos hace feliz, porque representa lo que realmente somos; todo esto, sin importar lo que piensen los demás. Si damos una respuesta positiva a la anterior interrogante, efectivamente podemos concluir que aplicamos carpe diem a nuestra vida, de lo contrario; llegamos a la conclusión de que nuestro paso por la Tierra no ha tenido un verdadero significado, lo cual se traduce en decepción, frustración e infelicidad. Sin embargo; si podemos reconocer lo anterior, también somos capaces de hacer un alto en el camino y de empezar a aplicar carpe diem a nuestra vida.

Por otra parte el concepto de honestidad es crucial y se podría decir que, en la práctica,  entrelaza el carpe diem y la contratación administrativa.  

Es importante ser honestos en nuestro  trabajo, en la escuela, en la universidad, en nuestra familia, en nuestras relaciones. Sin embargo; es más importante ser honestos con nosotros mismos; porque automáticamente lo seremos en los diversos ámbitos de nuestra vida.  Ser honesto  significa actuar con razonabilidad, con justicia, con responsabilidad, con verdad. Ser honesto implica además; actuar con convicción, hacer lo que realmente se siente y lo correcto en el momento oportuno, sin importar lo que piensen u opine los demás, sin anteponer intereses egoístas o irracionales.

Es evidente que, para aplicar carpe diem a nuestra vida, necesitamos ser honestos y no traicionar los que realmente sentimos o creemos.

Ahora bien, si nos trasladamos al ámbito público, específicamente en lo que respecta a la contratación administrativa, la honestidad debe ser un componente esencial. El fin de la contratación administrativa es  garantizar y procurar el bien del interés público y el bien de la sociedad en general.

Resulta incuestionable que, la única forma de garantizar efectivamente el bien público es, si los y las funcionarios públicos actúan con honestidad.

Sin embargo; la práctica evidencia lo contrario. A pesar de que existe una ley y un reglamento de acatamiento obligatorio; los encargados de realizar las distintas compras de bienes y servicios y las diversas contrataciones, buscan la forma de obtener un beneficio económico propio a costa del beneficio de los y las ciudadanos costarricenses. Al parecer se han olvidado de sus principios, de los que significa ser un funcionario público, pareciera que no conocen el significado del término honestidad, o al menos no les interesa recordarlo.

Lamentablemente la conducta de anteponer el beneficio propio al interés público, poco a poco se ha expandido, y ahora es una enfermedad que afecta y amenaza a los funcionarios públicos.  Por supuesto no se debe generalizar. Sin embargo; las presiones del medio hacen que los funcionarios que recién comienzan se vean envueltos en este tipo de acciones puesto que las presiones por parte de sus compañeros pueden más que la voluntad propia. Suele suceder en el sector público que, los  recién nombrados funcionarios,  se vean influenciados por sus compañeros para bajar su productividad y su compromiso con el trabajo, hasta caer poco a poco en la mediocridad y en la corrupción.

Cuando carecemos de un claro y fuerte convencimiento de nuestro propósito en la vida y de los que queremos alcanzar,  los deseos y aspiraciones fácilmente  son difuminados por el medio.

El panorama para los futuros administradores sin duda es retador. Se requiere que los nuevos administradores sean capaces de soportar las presiones del medio, de ir construyendo una carrera a base de esfuerzo y de honestidad, de trabajar realmente por el beneficio de todos los costarricenses, de servir al país, de promover el desarrollo integral, de asegurar las garantías del ciudadano, de luchar firmemente en contra de la corrupción.

A pesar de que parezca imposible, nada lo es. Si  actuamos con honestidad y estamos seguros de lo que queremos y lo aplicamos a cabalidad, podemos decir que vivimos según el carpe diem, y podremos asegurar que marcaremos un cambio importante,  que nuestro paso por la Tierra no fue en vano y que efectivamente vivimos cada minuto al máximo como si fuera el ultimo.

 

Análisis basado en  la película; la Sociedad de los Poetas Muertos.

TAREA # 1: Cartel de licitación

Concepto, contenido e importancia del cartel de licitación

en la adquisición de bienes y servicios públicos

El artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa establece el concepto de cartel, y lo define como “el reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento”. Además dicho artículo, establece que en el cartel deberán contemplarse todas las especificaciones técnicas, y que a su vez estas deberán ser claras, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.

Carlos Serrano, en su libro: La gestión de compras de bienes y servicios en el Estado;   establece el siguiente concepto de cartel:

Constituye el cuerpo de especificaciones, condiciones y requisitos para participar en los concursos. Viene a ser el reglamento específico de cada negociación, por lo que debe ser claro, objetivo y amplio en cuanto a oportunidades para participar en los concursos. Para que el cartel cumpla su objetivo y la administración contratante pueda conseguir, en forma oportuna y efectiva, la participación del mayor número de oferentes, debe redactarse de manera clara y señalar en detalle las características o especificaciones técnicas y de calidad de los bienes o servicios requeridos, así como las normas que regulan el proceso de los concursos (Serrano; pág. 38).

En otras palabras el cartel constituye el medio a través del cual la Administración especifica la naturaleza, características y condiciones del bien o servicio que se licita, en respuesta a la necesidad demandada y justificada por la Administración. Además; en él se establecen los requisitos que deben cumplir los oferentes interesados para participar en dicho concurso, así como los derechos y deberes que le corresponderán al oferente en caso de convertirse en acreedor de la licitación en cuestión.

Una vez que la licitación ha sido adjudicada, el cartel pasa a tener rango de ley. Es decir se convierte en un instrumento que regulará el contrato generado entre las partes, las cuales deberán respetarlo y acatar sus disposiciones.

Es importante mencionar que la elaboración del cartel es un requisito indispensable en los casos donde la Administración proceda a contratar un bien o servicio a través de las modalidades de licitación pública o abreviada.

En cuanto a los requisitos de contenido; en el artículo 52 del Reglamento se establecen los siguientes:

·         Encabezado con la identificación de la Administración promovente, el tipo y número de concurso, y una breve descripción del objeto contractual.

·         Indicación de la oficina que tramita el procedimiento

·         Plazo para la presentación de ofertas; garantías de participación y número de copias de la oferta.

·         Indicación de las especies y timbres fiscales que deberá aportar el oferente.

·         Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios.

·         Sistema de valoración y comparación de ofertas.

·         Solicitud de muestras cuando sea pertinente.

·         Documentos que deberá aportar el oferente

·         Términos de pago.

·         Plazos de vigencia de la oferta y plazo de adjudicación.

·         Lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de los bienes y servicios.

Para el autor Serrano,  son nueve los factores claves que deben ser considerados  en la gestión del cartel:

1. Necesidad. Tiene que ser real y justificarse debidamente.
2. Decisión de contratar. La toma el jerarca de la institución o programa
3. Presupuesto. Debe estar aprobado y disponible para usarse.
4. Calidad. Especificaciones técnicas claras (patrones y estándares)
5. Cantidad. Debe responder a las necesidades reales
6. Oportunidad. El trámite y la entrega en el tiempo requerido.
7. Precio. Tiene que ser adecuado a las condiciones del mercado
8. Proveedor. Garantizar la idoneidad de cada proveedor
9. Comunicación. Tiene que ser clara, fluida y cristalina.

Además el cartel de licitación deberá cumplir con los principios de la contratación administrativa; estar a disposición de cualquier interesado, promover la igualdad de trato hacia los distintos oferentes, ser inclusivo y presentar un contenido claro y razonable del bien o servicio que se desea contratar. Lo anterior posibilita la participación de un mayor número de oferentes, y por ende, un mayor número de opciones a disposición de la Administración. De igual forma; especificaciones claras del bien o servicio demandado, contribuyen a una correcta elección del mismo.

Finalmente, el cartel de licitación constituye un importante instrumento para la Administración  Pública, por lo que de su correcta y oportuna elaboración dependerá la eficiencia y eficacia con la que se lleve a cabo la adquisición de bienes y servicios públicos.

El carácter de norma o reglamento que le es conferido al cartel una vez adjudicado, evidencia que su elaboración debe ser llevada a cabo con cautela y por profesionales en la materia.

Sin lugar a dudas, constituye una herramienta de defensa y de protección tanto para la Administración como para el adjudicatario, razón por la cual se debe señalar claramente las garantías concernientes a cada una de las partes. Así mismo, se deben establecer indicadores de desempeño que sirvan para medir los resultados esperados y compararlos con los resultados  que fueron realmente obtenidos, con el fin de garantizar que el objetivo que motivó el proceso de licitación fue cumplido a cabalidad.

En conclusión; la Administración debe garantizar la correcta utilización de los fondos públicos. Razón por la cual, la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, a través de una licitación deberá demostrar que los recursos son utilizados con eficiencia y eficacia, y la correcta elaboración del cartel se convierte en el procedimiento crucial para que una licitación, ya sea esta, pública o abreviada, sea exitosa de principio a fin.

Referencias Bibliográficas:

·         Barrientos, J. El contenido del cartel y la aplicación de los principios en materia de contratación administrativa. Tomado desde la Revista de Ciencias Administrativas y Financieras de la Seguridad Social. San José, Costa Rica.2003.

·         Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. San José, Costa Rica. EDITEC EDITORES 2010.

·         Serrano, C. La gestión de compra de bienes y servicios en el Estado. Un enfoque administrativo  para mejorar su dirección y efectividad. San José, Costa Rica. 2009.